Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol

Xoves, 11 de Xaneiro de 2007

Incertidumbres e incompetencia de Reganosa.

El 2 de enero de 2007 se conocía otra incertidumbre para Reganosa, revelada por el diario El País en su edición de Galicia bajo el epígrafe “El nuevo sector gasístico”, ya que el acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2006 (BOE de 30/12/2006) que había pasado desapercibido en el resto de la prensa gallega. Dicho acuerdo modifica las retribuciones de los operadores gasistícos a partir de 1 de enero de 2007, rebajando su rentabilidad en las regasificadoras. El 3 de enero, el mismo diario en sus páginas de economía publicaba: “ENAGAS revisará sus inversiones ante la nueva legislación. La compañía se queja de que no se ha debatido el marco regulatorio”, un artículo muy expresivo de lo que supone la medida para dicho cuasi-monopolio.

El País de 2 de enero aporta también una valoración positiva del Grupo Tojeiro, con detalles erróneos que pueden entenderse por la ironía del texto y que más bien parece una página de un periódico italiano sobre la mafia siciliana. Acierta esa publicación en informar sobre la perdida de rentabilidad para las plantas regasificadoras, y también acierta en atribuirle al Grupo Tojeiro el principal protagonismo como promotor de la Planta de Gas de Reganosa. No solo por haber firmado en solitario el proyecto básico de 1999 y su adenda de julio de 2000, haber comprado casas y suelo rústico (que después de recalificado como industrial vendió a Reganosa), sino por un relleno y dragado faraónicos (que superan el 10% permitido por la ley de costas según la cual pueden ser causa para caducar la concesión marítimo terrestre) para unos muelles que le posibilitaron tener el 18% de participación en Reganosa. Posteriormente, en septiembre de 2003, el Grupo Tojeiro ha prestado a Caixa Galicia (pignorado) un 15,9% de su participación a cambio de un préstamo. El 2,1% restante le permite mantener los derechos de participación en el Consejo de Administración de Reganosa, para garantizar que la planta de gas continúe adosada a su complejo petroquímico. La pignoración, que supone un cambio del 15,9% de participación por dinero en efectivo, le permite estar en mejores condiciones que otros socios en el caso de que Reganosa sea un fracaso.

El citado acuerdo del Consejo de Ministros supone, la reducción en un 50% de la rentabilidad que desde el año 2001 obtenían los operadores gasistas en España ya que, pasa de un margen de beneficio del 14-15 % al 7%. El País de 3 de enero publica una corta nota sobre las duras repercusiones para ENAGAS, pero también deja ver que ésta se acoplará al nuevo margen de beneficios reducidos a un 50%. Pero en Reganosa da la impresión de que sus promotores han perdido los papeles, cuando para ajustar sus cuentas pretenden que ENAGAS y otros operadores renuncien a una parte de producción y se que le compren el gas natural regasificado a un coste incrementado en el beneficio de Reganosa. La reducción del margen de beneficios del gas, es una evidente explicación por la que Reganosa está reclamando duplicar su capacidad de regasificación (tiene una autorización administrativa del 3/6/2002, BOE de 24/7/2002, de 322.500 m3 por hora), cuando anteriormente no ponía ninguna objeción.

En octubre de 2005, con la ayuda del actual Conselleiro de Industria y un mes después de aparecer la OPA de Gas Natural sobre Endesa, los promotores de Reganosa empezaron a manifestare su deseo de elevar la capacidad de Regasificacion a 412.800 m3 por hora. A medida que se acercaba la decisión de reducir los márgenes, La Voz de Galicia el 8 de diciembre de 2006 amplió la pretensión de alcanzar la cifra de 800.000 m3/hora. El 2 de enero de 2007 el director financiero de Reganosa en El País, manifiesta su deseo de duplicar los 412.800 m3 por hora, poniendo como ejemplo victimista el proyecto de Gijón de 800.000 m3 por hora (que también tendrá problemas con la justicia y la Unión Europea porque, aunque el Puerto del Musel es mar abierto, existe población a menos de dos kilómetros).

La modificación de tarifas y las retribuciones del gas se venía venir, pues por ley cada cuatro años le corresponde su modificación. Además, el Gobierno Central tiene un proyecto de ley en trámite para cumplimentar la directiva europea y no tener que pagar una fuerte sanción por no liberalizar el sector del gas. Se deduce que esa información debería estar en poder de todos los interesados, incluidos los promotores de Reganosa y la Conselleria de Industria (su Director Xeral, Anxo Calvo, es Consejero de Reganosa y de la Comisión Nacional de la Energía en representación de la Xunta de Galicia).

Según El País de 2 de enero, el Grupo Tojeiro pasará a la historia por promover la única Planta de Gas construida en Galicia, pero no dice que lo hace “incumpliendo todas las normativas”. La información que con ironía publica genera confusión, ya que Reganosa se está construyendo sin autorización de funcionamiento. En caso de que llegase a tal, la amenaza para la vida humana de la ría de Ferrol provocaría tantas reacciones en su contra que acabarían destapándose otras tropelías del Grupo Tojeiro. Una de ellas fue el abortar las líneas de Ferrocarril que RENFE y FEVE tenían proyectado construir en 1994 para transporte de carbón desde Ferrol hasta As Pontes. Dichas líneas de Ferrocarril se habrían amortizado en 14 años y ahora llevarían seis años generando beneficios para Endesa y l entorno territorial desde Ferrol hasta As Pones. De haberse construido hubiese servido para el transporte de viajeros y mercancías, además hoy sería de una gran utilidad pública, pero para dicho Grupo era más rentable y prioritario el negocio de transportar el carbón en sus camiones.

En resumen, pese a la capacidad de regasificación de 322.500 m3 por hora que consta en su autorización de construcción de 132/2004, Reganosa desde octubre de 2005 viene reclamando duplicar esa cantidad, todo lo cual evidencia que sus promotores se encuentran en un alto nivel de incompetencia industrial según una de las aplicaciones del conocido “principio de Peter”. Ello es un motivo mas para que no sea autorizada su entrada en funcionamiento, o que una decisión administrativa o de la Justicia acabe paralizándola.

También El Pais de 9 de enero, edicion de Galicia, publica una entrevista con el Conselleiro de Medioambiente, Manuel Vazquez. A la pregunta de si le preocupa que Reganosa empiece a funcionar con los estudios ambientales anulados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el Conselleiro respondió: “Hay un dato de inseguridad juridica para todos. Al final el tema excede la politica medioambiental y depende de los servicios juridicos de la Xunta. Estamos varias consellerias implicadas y estamos al socaire de lo que digan los servicios juríicos de la Xunta, que son los que están pilotando estas sentencias. No me atrevo a decir nada, puede pasar cualquier cosa”. También en otra respuesta dice: “A este gobierno hay muchas cosas que le cogen muy adelantadas. A ver como acaban todos estos acuerdos de jurisprudencia que estan cayendo sobre la planta de gas. Creo que este gobierno nunca aprobaría eso, pero esta ahí.”.

Es decir el Conselleiro de Medioambiente echa balones fuera en el recurso al Tribunal Supremo presentado por la Xunta contra la segunda sentencia del TSXG que en junio de 2006 anuló la tramitación ambiental a Reganosa hecna por la misma Conselleria. Además deja ver que en la Xunta mandan sus servicios jurídicos, los mismos del anterior goberno del Sr Fraga,aceptando la herencia envenenada de Reganosa. Pero se equivoca el Conselleiro de Medioambiente al decir que el asunto excede la política medioambiental, pues la prevención de daños a la población está incluida en la legislación vigente desde el año 1985 para evaluación ambiental. Aun más, en el caso de Reganosa, al ser una amenaza a la vida de miles de personas, es un error de mucho bulto la respuesta del Conselleiro de Medioambiente cuando dice: Personalmente preferiría no hacerlas, pero no soy yo quien para quitarle a ese señor un derecho que tiene adquirido legalmente.” Respuesta que parece nula, pues en la Constitución no existe el derecho para amenazar a la vida humana, por lo que es nulo invocarlo en base a la tramitación de junio de 2001 de la Conselleria de Medioambiente, que además fue anulada por el TSXG, y en la que las otras Consejerías no tienen nada que pintar.

Está por ver si alguien será capaz de otorgar a Reganosa el permiso de puesta en marcha que obligatoriamente tiene que solicitar, porque ese alguien ha de saber que, en el caso de que autorizase la entrada en funcionamiento de Reganosa, deberá responder con todos sus bienes y patrimonio por firmar a sabiendas un delito contra el medio ambiente, contra la seguridad pública y contra la vida humana. Por ello nunca será tarde para evitar una catástrofe en la Ría de Ferrol.

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